Justicia, Paz, Integridad<br /> de la Creación
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Esmeraldas (Ecuador): el difícil camino de la justicia

Chicago 20.08.2011 Manariho Etienne

En la zona norte de Esmeraldas las denuncias proféticas se enfrentan a los intereses privados, la defensa del medio ambiente y del agua frente a la búsqueda del oro y al lavado de dólares. El camino de Justicia, Paz, Integridad de la Creación se hace muy difícil.

Todo en el marco de políticas discutibles e intervenciones violentas con infiltraciones fronterizas a las que conllevan el riesgo de la droga.

La noticia explotó en los periódicos más leídos del País el 24 de Mayo pasado y ocupó la opinión pública por largas semanas con reseñas de las informaciones y de los documentos oficiales, de la reacción de la gente y de los mineros.

¿Qué había pasado?

Unos empresarios estaban transformando la tradicional y artesanal búsqueda de oro en los ríos al norte de la Provincia de Esmeraldas en una empresa industrial: retroexcavadoras, tractores, capitales y obreros.

La selva, ya en disminución alarmante por la industria maderera, recibía otro golpe y los ríos –con sus afluentes- sufrían las consecuencias de desechos, movimientos de tierra, contaminación.

Sobre la base de denuncias presentadas por la población indígena y local, apoyados por agentes de la Iglesia incluidos los Misioneros Combonianos, el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional del Agua realizaban investigaciones y, en sus informes, relataban presencia de “arsénico, aluminio, hierro, turbiedades y coliformes fecales en niveles que sobrepasan los limites permisibles”; determinaban que, por lo tanto, la calidad del agua –la única disponible en toda la región- no era apta para consumo humano y establecían que, evidentemente, esta situación era debida al proceso extractivo del oro denominado cimentación: un proceso de bajo costo para las empresas y de muy alto costo para el medio ambiente.

Después del fallo del juzgado sexto de Esmeraldas que declaraba “la total y absoluta paralización de la actividad minera ilegal, que se ha venido dando en los Cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro” y sobre la base de los informes, la presidencia  de la Republica –el regime ecuatoriano es presidencial- decidió intervenir. Se llevó a cabo una operación militar, amparada en el decreto 783 de la Constitución que impone como deberes del Estado “la protección del patrimonio, el derecho a la paz, seguridad, y, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. El ministro de Defensa, Javier Ponce, declaraba a la prensa que entre 67 y 70 maquinarias, de las 200 que había en el sector, fueron destruidas, y aseguró que no había otra forma de “inutilizar” la maquinaria, pues “cuando se las confisca, los jueces corruptos” con artimañas logran que sean devueltas, como pasó con siete retroexcavadoras confiscadas el 15 de diciembre del 2010 y devueltas un mes después.

Los mineros, por su parte, acusaron el gobierno de destruir más de 100 retroexcavadoras y otras maquinarias; protestaron porque los 580 militares de la operación llegaron “en helicópteros, armados y amenazando a la población” y bloquearon la zona para que los comuneros no pidiesen ayuda; denunciaron al gobierno por llevar a la población a la miseria ya que la intervención dejaba cerca de 3.000-3.500 familias sin trabajo –y esto en la región realmente significa 15.000 personas sin comida-; declararon, por boca del presidente de la Asociación de pequeños Mineros de San Lorenzo, que las pérdidas económicas eran “en millones de dólares”.

A primera vista parece, entonces, el clásico conflicto entre intereses privados y bienes públicos amparados por organismos estatales: una acción que meritaría el plauso, también de la Iglesia comprometida en el trabajo de Justicia, Paz, Integridad de la Creación. Sobretodo que el gobierno ayudó con alimentos a las familias afectadas, ofreció “un plan de desarrollo artesanal comunitario” en un territorio de 18.000 hectáreas “para la extracción del mineral” y aceptó incorporar la población de la zona en el Plan Ecuador para la construcción de viviendas, escuelas y centros de salud.

Los hechos, sin embargo, pusieron fuego a la pólvora y a las  palabras: los principales líderes de la denuncia venían amenazados con mensajes anónimos y vulgares y algunos seguidos en todos sus desplazamientos por individuos no identificados, al punto de necesitar la protección de las fuerzas del orden. Un ejemplo de estos mensajes: “Cuídense partida de sapos (curas, monjas, secretaria) de esta Iglesia, los tenemos vigilados”.

Como de costumbre en estos casos, es que el iceberg sumergido es mucho más de lo que se ve.

Muestra de ello, es lo sucedido ya en  los años ochenta. El gobierno noruego recurrió a los servicios de la Universidad Católica con sede en Esmeraldas, para organizar una cooperativa de pesqueros colombianos refugiados políticos en Esmeraldas. Muchas familias ecuatorianas se desplazaron al otro lado de la bahía de san Lorenzo en territorio colombiano por razones políticas durante la dictadura militar; algunas regresaron a sus lugares de origen, pero otras siguieron viviendo del contrabando de gasolina hasta cuando el Ecuador adoptó el dólar como moneda nacional. Todos recuerdan que el gobierno de Bogotá envió militares a territorio ecuatoriano para perseguir a presuntos guerrilleros que el gobierno de Quito supuestamente apoyaba. Una frontera porosa desde siempre la de Colombia y el norte de la Provincia de Esmeraldas: solo los mapas la señalan con claridad. Y, ¿qué decir de los bancos intervenidos o cerrados bajo acusaciones de lavado de dólares colombianos? Es un secreto a medias que existe un lavado de dólares, como declaró el mismo Presidente Correa, y que la economía de la capital se nutre de ello. Los mismos comuneros de San Lorenzo y Eloy Alfaro, dejaron ver las orejas del lobo reclamando que el Gobierno “trataría de vincularlos con las FARC”-una organización guerrillera colombiana-, mientras que ellos manifiestan que no son terroristas.

A este cuadro se añade un permanente estado de tensión entre el Gobierno y la Iglesia, entre el Gobierno y gremios de la sociedad civil y del potentado económico que domina desde décadas el País. La Iglesia no le perdona al Presidente de haber promovido una nueva Constitución que deja abierto el camino al aborto, a la eutanasia, al divorcio. El Gobierno no acepta críticas de parte de la Iglesia. Por su parte, como me confiaba un amigo profesional, cada ecuatoriano se despierta por la mañana preguntándose a quien le tocará la bofetada que la presidencia ha preparado durante la noche. Hasta los más sinceros seguidores del Presidente Correa, mientras aplauden en muchas de sus intervenciones claramente inspirada por el bien común y la justicia social, lamentan sus métodos violentos, improvisados, teatrales que, al parecer, esconden una falta de política global y de visión futurista.

En esta situación el trabajo de justicia, paz, integridad de la creación, se hace problemática y tropieza con situaciones concretas que le alienan las simpatías de la misma gente: a su modo de ver es una defensa de valores teóricos ajenos de la realidad y que a nadie interesan. La intervención del gobierno en defensa de la legalidad y del medio ambiente han dejado, sin duda,  muchas familias sin trabajo y sin alternativas de ingreso. Todas estas personas se vuelven fácilmente manipulables como “mercenarios” para organizar protestas y amenazas, al servicio de las fuerzas negativas que prosperan en una región demasiado tiempo olvidada por los poderes centrales. El movimiento económico ilegal de la zona prospera desde décadas: empezó con la madera, siguió con las tierras y explota ahora con las minas de oro. Desenredar las madejas de las infiltraciones de colombianos quienes traen las únicas fuentes de ingresos y de desarrollo o ¿defender contra ellos el agua y la selva? Alternativa poco atractiva para quienes buscan el pan de cada día. Y así ya no son los paramilitares, o la guerrilla, o las fuerzas públicas los que amenazan los defensores de la justicia y del medio ambiente: es la misma población, que manipulada, se vuelve contra sus propios intereses a largo plazo por acogerse a ventajas inmediatas. Esto recuerda con tristeza los tiempos de las colonias –sobre todo inglesas-, cuando se dominaba por el llamado indirect rule –gobierno indirecto-: los que se aprovechaban se quedaban entre bastidores, sin ni siquiera ensuciarse las manos.

Consulta:                                 

Fuego a maquinaria de mineras en Esmeraldas: http://www.eluniverso.com/2011/05/24/1/1447/fuego-maquinaria-mineras-esmeraldas.html?p=1354&m=2176

A punta de dinamita: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/a-punta-de-dinamita-477562.html 

Conozca Esmeraldas http://gosouthamerica.about.com/cs/southamerica/a/EcuEsmeraldas.htm

Ecuador: el Gobierno cierra las minas ilegales de oro: http://www.havanatimes.org/?p=44656

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