Del 1° al 9 de Noviembre, la capital de Perú fue la ciudad anfitriona de tres eventos internacionales enfocados en las consecuencias sociales y ambientales relacionadas con los conflictos mineros causados por las industrias extractivas en detrimento de las comunidades locales y de los pueblos indígenas de América Central y Meridional. Mientras en Perú se desarrollaban estas discusiones, otros dos defensores de los derechos humanos perdían la vida en Ecuador y Colombia a causa de la violencia desatada en su contra por parte de las empresas mineras y los gobiernos, debido a que ellos han dado voz a sus comunidades  y han defendido sus aspiraciones y derechos.

Treinta personas, entre  religiosos y laicos, procedentes de nueve países de Centro y Sur América se reunieron en Lima los días 4-5 de noviembre para  debatir sobre los problemas que afectan a los países y las comunidades donde trabajan, con una mirada desde los derechos humanos. La mayoría de los países representados son fuertemente afectados por las actividades mineras que están llevando a la destrucción y a la perdida de ecosistemas vitales para las comunidades locales y los pueblos indígenas que habitan esas tierras desde hace siglos, lo cual provoca desplazamientos, persecuciones y represión contra los defensores de los derechos humanos y violaciones de otros derechos. En el encuentro se debatieron los  casos de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las organizaciones representadas fueron, organizaciones nacionales no-gubernamentales (ONG) como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), CEHPRODEC de Honduras y GRUFIDES de Perú; también participaron otras ONG internacionales cómo VIVAT Internacional, Franciscanas Internacionales y Mercy Internacional quienes cuentan con estatuto especial consultivo delante de las Naciones Unidas donde operan en defensa de los más vulnerables. También hicieron parte del encuentro la ONG alemana Misereor, que desde hace muchos años viene apoyado el trabajo de la Iglesia Católica en América Latina en la problemática minera, y los equipos de coordinación de congregaciones religiosas que al rededor del mundo trabajan para JPIC.

En esta ocasión  el objetivo fue reunir a religiosos y laicos que trabajan en las zonas afectadas por la minería para que compartieran experiencias, identificaran y desarrollaran, a la luz del evangelio, adecuadas estrategias a corto y mediano plazo como respuesta a la compleja realidad de los grandes proyectos mineros.

La conferencia episcopal de Brasil (CNBB) participó en este y los otros encuentros de Lima, en la persona del obispo Guilherme Werlang, Presidente de la Comisión para la caridad, la justicia y la paz de la CNBB. Uno de los principales organizadores fue en efecto, la red brasilera Justiça nos Trilhos y los Misioneros Combonianos del noreste de Brasil, ya que están fuertemente involucrados en el trabajo de apoyo a las comunidades locales afectadas por el Programa Grande Carajas y por la compañía minera Vale S.A. en las áreas del Pará y del Maranhão. Monseñor  Werland reiteró el compromiso de la Iglesia brasilera de estar cerca a las víctimas de los grandes proyectos mineros y destacó la participación de la CNBB en el Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração ( El Comité Nacional para la Defensa de los territorios de la Minería) que durante meses ha estado analizando la reforma del código de minería. Al final de la reunión, los participantes presentaron un pedido formal a los Obispos de Brasil para que apoyen la organización de un encuentro más abiertos y más inclusivo de toda América Latina en el 2014 sobre el tema “Las Iglesias y la Minería”.

Un Franciscano Menor que vive en Roma se comprometió a llevar las conclusiones de este encuentro a la Comisión Pontificia de Justicia y Paz con la esperanza de que el Cardenal Turkson acepte encontrarse con algunas de las víctimas de los grandes proyectos mineros y ayude a mejorar el trabajo de acompañamiento que las congregaciones religiosas ya están haciendo en ayuda a este grupo de  “nuevos pobres”.

Un segundo encuentro, coordinado por Mining Watch, una ONG canadiense, tuvo lugar en los días siguientes y reunió a los representantes de 25 movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Los participantes analizaron detalladamente las principales características y tendencias de las grandes empresas multinacionales que están a la vanguardia de la exploración y el comercio de minerales en América Central y Meridional.

Por último, OCMAL celebró, también en la ciudad de Lima, su 5^a reunión bianual los días 8 y 9 de Noviembre, reunión en la que participaron unos 70 representantes de 9 países de América Latina. OCMAL es una red internacional que representa decenas de movimientos sociales, organizaciones y líderes comunitarios que buscan contrarrestar el impacto de la minería en sus países. En la reunión se destacaron entre otros aspectos, la importancia de dar consistente visibilidad a los conflictos existentes y asegurar una dimensión internacional a la resistencia y a la protección de las comunidades y de los defensores de los derechos humanos, perseguidos a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y del derecho a un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades amenazadas o afectadas por el acaparamiento de tierras.