Hoy son necesarias leyes apropiadas para frenar el fenómeno del acaparamiento de tierras ocasionado por los gobiernos y las multinacionales que violan derechos nacionales e internacionales sobre la tierra agrícola.

En muchos países, la clase política presta poca atención a los derechos de los campesinos y, sin embargo, al liquidar las tierras nacionales comprometen el futuro de su propio país, en un mundo donde ya hay un billón de personas que padecen el hambre. 

Los riesgos son grandes y las consecuencias son serias, especialmente, para poblaciones y campesinos locales. Peor aún, si el acaparamiento de tierras continúa, pronto se verá que los esfuerzos de países desarrollados, a través de la ayuda humanitaria para el desarrollo, para acabar con el hambre y la pobreza, habrán sido vanos. 

Pocos países han desarrollado sus propias leyes sobre el tema de las inversiones internacionales en tierras. Los procedimientos legales amparados por leyes nacionales son limitados: los campesinos podrían utilizar normas del derecho internacional, recurriendo a los criterios existentes sobre el derecho a la alimentación o a la propiedad. Sin embargo, esto requiere de apoyo financiero y técnico, que son escasos para la gente que vive en zonas rurales. Además, antes de acceder a los tribunales internacionales de derechos humanos, se requiere agotar previamente todas las instancias legales a nivel nacional, siguiendo las diversas etapas legales y los recursos de apelación. 

Además, las normas internacionales, que protegen los derechos humanos, tienen algunas deficiencias. El derecho internacional, por ejemplo, no llena las lagunas del derecho nacional en lo concerniente a las compensaciones por daños y perjuicios. Esta situación contrasta profundamente con la protección legal que los Estados ofrecen a los inversores extranjeros. 

Tratados de inversión bilaterales (más de 2,700 en el mundo) otorgan a los inversores mucha mayor protección en sus derechos de propiedad, incluyendo medidas súper protectoras contra la expropiación, asegurando estándares compensatorios que incluyen el arbitraje internacional a la hora de clarificar disensiones. 

Por tanto es posible afirmar que existe mayor protección para los inversores que para los pobres campesinos y las comunidades locales. 

Un camino posible de solución puede encontrarse en las llamadas Leyes blandas. En el contexto de la ley internacional el término “ley blanda” cubre, por ejemplo: los siguientes documentos: 
 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchas de las Resoluciones y Declaraciones de la Asamblea General de la ONU.
• Principios, pronunciamientos, Código de Conducta, Código de práctica, etc., que a menudo se encuentran como marco referencial en los tratados.
• Planes de Acción (por ejemplo, Agenda 21) y otras obligaciones que no son tratados, pero que son respetados como: ideas guías, comunicados, etc.

La terminología leyes blandas sigue siendo controvertida porque algunos juristas internacionales no aceptan su existencia y otros consideran que hay cierta confusión sobre su posición en el sistema legal.

Los acuerdos de leyes blandas son normalmente considerados como no obligatorios; sin embargo a la larga pueden convertirse en “leyes fuertes”. Esto sucede de dos formas:

1. Estas declaraciones o recomendaciones pueden servir referencialmente en los procesos que llevan a la elaboración de tratados en los que se hace referencia a los principios que ya se han establecido en los instrumentos de las leyes blandas.
2. Los acuerdos que no son tratados están pensados para influenciar directamente las políticas de los estados y, en la medida en que consiguen hacer esto, pueden llegar a la creación de leyes permanentes.

Las leyes blandas son también consideradas como derecho flexible o pre-derecho: esto evita el inmediato compromiso que supone hacer un tratado y son consideradas un camino rápido hacia compromisos legales que costarían más tiempo en hacerse si se siguiesen las leyes internacionales y su lenta tramitación. 

En el mundo globalizado en que vivimos es fácil usar las redes sociales e internet para esparcir conocimientos sobre el contenido de declaraciones y compromisos hechos en conferencias internacionales y hacer de las leyes blandas instrumentos de sanción social. 

El 11 de Mayo de 2012, en una decisión histórica, el Comité de la FAO sobre Seguridad Alimentaria en el Mundo (CFS en inglés) proclamó una serie de líneas maestras globales dirigidas a ayudar a los gobiernos a salvaguardar los derechos de los pueblos a la posesión o acceso a la tierra, a los bosques y a la pesca.

Estas líneas maestras sobre la Voluntaria Gobernabilidad Responsable de la tenencia de Tierras, Pesca y Bosques en el Contexto de Seguridad Nacional sobre la alimentación, pone de relieve principios y prácticas a las que los gobiernos pueden hacer referencia a la hora de elaborar leyes y administrar los derechos de la tierra, la pesca y los bosques.

Estas líneas maestras son producto de tres años de consultas y negociaciones empezadas en 2009, que unieron a muchos interesados, asegurando que un gran abanico de voces se oyeran, incluso las de oficiales de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, de organizaciones internacionales y de la academia. El resultado ha sido una serie de principios significativos que cada quien – países, sector privado, agricultores, sociedad civil – puede seguir, defender y utilizar en caso de que sea necesario.

La finalidad de estas líneas maestras es la de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible mediante la mejora de un acceso seguro a la tierra, a la pesca y a los bosques y la protección de los derechos de millones de pobres. Estas líneas maestras se dirigen a un extenso abanico de problemas que incluyen:

• El reconocimiento y la protección de los derechos legítimos a la posesión, incluso bajo sistemas informales.
• Mejorar las prácticas sobre Derechos de transferencia y posesión.
• Asegurar sistemas administrativos de posesión que sean accesibles y lícitos.
• Arreglar expropiaciones y restitución de la tierra a quienes fue erradicada forzosamente en el pasado.
• Proteger los derechos de las comunidades indígenas.
• Asegurar que las inversiones en tierras agrícolas se hagan de manera responsable y transparente.
• Establecer mecanismos para resolver disputas sobre derechos de posesión.
• El manejo de la expansión de las ciudades hacia las áreas ruralesviii.

El debate público se ha centrado, mayormente, en el fenómeno del acaparamiento de tierras, que es uno de los asuntos del que tratan estas líneas maestras.

¿Cómo pueden las ONGs promover este marco legal?

Las ONGs y la sociedad civil pueden promover inversiones sostenibles y una regulación del fenómeno de la apropiación de tierras, estableciendo estrechas relaciones entre comunidades locales e instituciones nacionales e internacionales. Es necesario establecer vínculos entre los que trabajan sobre el terreno y los que están presentes en las Naciones Unidas, en el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento Europeo y en las instituciones intergubernamentales de la Unión Africana. Ya no es suficiente organizar reuniones y analizar tópicos de forma genérica. Se requiere ONGs interesadas en el problema del acaparamiento de Tierras que trabajen juntas en la búsqueda de una solución para regular este fenómeno. 

¿Es eso imposible? No. La Alianza de la Tierra de Uganda (ULA en inglés) es un ejemplo de organización de la sociedad civil que ha conseguido un éxito considerable en su promoción de políticas sobre la tierra que favorecen a los pobres y a los campesinos. El éxito obtenido, se debió a la habilidad de la organización para utilizar las investigaciones: sea para informar, dar poder a los pobres y a otros grupos vulnerables, o sea para involucrar a los responsables políticos. 

ULA seleccionó los principales resultados de sus investigaciones y los presentó en forma “accesible” a la gente de la calle; de esta manera logró elevar el conocimiento y la capacidad de acción de los grupos vulnerables de forma que hiciesen oír sus voces y al mismo tiempo pedir cuentas a sus representantes políticos. 

Por otra parte, la organización trató de involucrar en su acción a los políticos, intelectualmente mejor preparados, ya que son ellos los que hacen las leyes. Haciendo esto, ULA tuvo la capacidad de cuestionar los supuestos que el gobierno usaba a la hora de hacer las reformas de la tierra. Apoyándose sobre argumentos y evidencias, fruto de sus investigaciones, ULA jugó un papel de intermediación entre la ciudadanía y la élite estatal, que condujo a la promulgación de una Ley de la Tierra (Land Act, 1998 en inglés), que no se rige solo por imperativos económicos, sino que también considera asuntos de igualdad. Su acción eficaz provocó los celos del gobierno de Museveni, que decretó su clausura.