La inversión internacional en tierras agrícolas puede convenir al desarrollo de los países que las reciben, debido a la transferencia tecnológica, la creación de empleos, el desarrollo del sistema hídrico y demás infraestructura. Desde ese punto de vista, estas inversiones traen beneficios para todos. Pero las bondades que hemos enumerado no son automáticas, dependen de una cuidadosa formulación de los convenios de inversión y de la elección de los modelos más adecuados para realizar este tipo de negocio. En efecto, existe el riesgo que estas inversiones se conviertan en una verdadera carrera para el acaparamiento de las tierras agrícolas por parte de estados y de inversores extranjeros y que, en ella, se esconda una forma insidiosa de explotación que tenga como objetivo establecer una nueva forma de colonialismo. Por tanto, se debe evitar que los marcos legales favorezcan solo al inversionista y no al país que los acoge, o que se garanticen los derechos de los inversores más que los de la población local. Esto implica que los contratos de inversión tengan en cuenta los intereses del país anfitrión. Existe, por tanto, la necesidad urgente de controlar el alcance, la naturaleza y el impacto de las inversiones internacionales y de recoger las mejores prácticas en la legislación y las medidas políticas usadas en estos casos, para que tanto los países receptores como los inversores, tengan una información adecuada y vean respetados sus derechos e intereses. 

Para comprender, de forma más amplia, la problemática de la tierra en nuestros días es necesario tener en cuenta los puntos que describimos a continuación.