Un estudio del Banco Mundial (BM), publicado en febrero de 2020 pero silenciado durante meses, ha sacado a la luz el robo, por parte del mismo BM, de dinero destinado a los países pobres. El documento, de 45 páginas, se llama Ayuda financiera retenida por las élites (Elite Capture of Foreign Aid : Evidence from Offshore Bank Accounts) y muestra que, entre 1990 y 2010, aproximadamente el 7,5 % de la ayuda financiera proporcionada por la institución financiera a 22 países en vías de desarrollo se desvió hacia paraísos fiscales.

El informe hizo mucho ruido porque emanaba de las estructuras del propio BM, y porque certificaba que los pagos del organismo a estos 22 países –18 de ellos africanos–, que son los más dependientes de la ayuda de la entidad financiera, “coinciden con un importante incremento de depósitos en paraísos fiscales”.

No resulta extraño que se paralizara la publicación del informe, dado que en él se acusaba a la institución de avivar esta tendencia. El 13 de febrero de 2020, el semanario británico The Economist apuntó que los líderes del BM habían desaprobado las conclusiones del estudio y, por lo tanto, retrasaban su publicación.

No es nada nuevo que los economistas africanos denuncien las deficiencias del BM en la financiación y control de proyectos. Además, en ocasiones han destacado la connivencia poco recomendable entre miembros de la institución y algunos líderes africanos –y/o políticos–. A esto se debería, como señala el informe, que una parte de los cientos de millones de dólares que se destinan a África en el marco de las ayudas al desarrollo acaben en paraísos fiscales, convirtiéndose en ganancias ilegales aseguradas de forma discreta.
18 naciones africanas

Los países africanos que aparecen en este informe son Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea-Bissau, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Tanzania, Uganda y Zambia. 

Es evidente que el informe cuestiona directamente la eficacia de la acción del BM. Los pagos que deberían fomentar el desarrollo, han contribuido a generar más corrupción en los países pobres. En concreto, en él se puede leer: “Estos pagos coinciden con un aumento significativo de las transferencias a centros financieros extraterritoriales conocidos por su opacidad fiscal”, en particular de Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán y Singapur.

En el informe, que analiza un período de 20 años (1990-2010), se indica que la “tasa de fuga” de capital, está en una media cercana al 7,5 %. Para algunos de los países beneficiarios de la ayuda, se alcanza incluso el 15 %, cuando los fondos representan, al menos, el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB). En esta situación se -encuentran Burundi, Guinea-Bissau, Eritrea, Malaui, Mozambique, Sierra Leona y Uganda. En cambio, cuando las ayudas equivalen al 1 % del PIB, los depósitos en paraísos fiscales se incrementaron un 3,4 %. En el mismo período, se encontró que los depósitos son nulos o casi nulos en países que no son paraísos fiscales. Algunos otros datos confirman que, en algunos países, los depósitos en paraísos fiscales representan sumas importantes. Por ejemplo: Madagascar, 193 millones de dólares; seguido de Ruanda (149), Tanzania (145), Zambia (117) y Burundi (103).

¿La punta del iceberg?

El informe no pone el acento en la responsabilidad de los ejecutivos ni en los mecanismos de trabajo del BM, por lo que esta práctica se puede definir como clientelismo institucionalizado. Según Pape Demba Thiam, economista -suizo-senegalés que ha trabajado durante 14 años en el BM, “esto significa que el estudio, en realidad, se centra solo en la parte emergente del iceberg, y no es casualidad que la institución haya intentado censurarlo. Se supone que existe una corrupción más profunda de los líderes africanos”. Según Yves Ekoué Amaïzo, economista y político togolés, director de Afrocentricity Think Tank, el BM ha construido, con total impunidad, un sistema de corrupción e irresponsabilidad de las élites de los países pobres.

En cualquier caso, el informe muestra las deficiencias en la gestión de las ayudas concedidas a los países más frágiles –que no las aprovechan en su totalidad–, en detrimento de los sectores más débiles de la población. Lo que emerge de esta investigación requeriría una respuesta de los más altos niveles de la institución internacional, precisamente porque se cuestiona su misión y su papel.

Mientras tanto, las consecuencias de esta evasión fiscal tienen fuertes repercusiones en las economías de los países africanos. Si bien el informe no cuantifica el daño que están sufriendo los países como consecuencia de la ayuda desviada a los paraísos fiscales, conviene recordar que, según estudios de Naciones Unidas, si África lograra reducir las salidas financieras ilícitas, podría tener acceso a 89.000 millones de dólares al año, una cifra que se alcanza de la suma de la fuga de capitales, de prácticas fiscales y comerciales ilegales –como la facturación falsa de intercambios comerciales–, y actividades delictivas que manejan mercados ilegales y corruptos.

El 28 de septiembre de 2020, Mukhisa -Kituyi, secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), dijo: “Los flujos financieros ilícitos privan a África y a sus habitantes de perspectivas de futuro, socavan la transparencia y la responsabilidad, y quebrantan la confianza en las instituciones del continente”. 

Entre 2000 y 2015, la fuga de capitales de África alcanzó un total de 836.000 millones de dólares. Si lo comparamos con la deuda externa total del continente, que en 2018 fue de 776.000 millones, percibimos que África es, en realidad, un acreedor neto del resto del mundo.   
25.000 millones evadidos cada año

La evasión fiscal le cuesta a África más de 25.000 millones de dólares al año. Esto es lo que se extrae de un estudio realizado por una red de organizaciones no gubernamentales, incluida la Global Alliance for Tax Justice. En un tiempo de lucha contra la pandemia, esta fuga se considera “inaceptable”, ya que, entre otras consideraciones, reduce los ingresos que los países africanos podrían dedicar a la salud. Según estas organizaciones, las multinacionales –locales o ­extranjeras– que operan en África han retirado de los países donde trabajan 23.000 millones de dólares. A esta suma hay que añadir algo más de 2.000 millones que los africanos ricos han trasladado a paraísos fiscales. El país más afectado por este fenómeno es Nigeria, seguido de Sudáfrica, Egipto y Angola. Pero incluso un país como Mauricio, considerado por algunos como un paraíso fiscal, es víctima de este fenómeno, con una pérdida estimada en 60 millones de dólares. Como reveló un informe reciente de la OCSE, esta evasión no siempre es ilegal, ya que muchas multinacionales, particularmente en el sector minero, negocian condiciones fiscales ventajosas con los Estados a cambio de sus inversiones. Pero, legal o no, esta fuga de capitales obstaculiza la economía de estos países. Global Alliance for Tax Justice estima que la evasión fiscal en África representa, como promedio, la mitad de los presupuestos de salud de los Estados. Si ese dinero se quedara en el continente, se podrían contratar a diez millones más de enfermeros al año.

Traducion de Mundo Negro http://mundonegro.es/con-destino-al-paraiso/