En diciembre del año pasado, se hizo viral un vídeo de dos ancianas rodeadas por una multitud enardecida y envueltas en una nube de polvo mientras rellenaban una tumba en una aldea del distrito de Mzimba, en el norte de Malawi.

Mientras las dos ancianas hermanas se afanaban en esta tarea, de la que tradicionalmente se encargan los hombres en Malawi, alguien de la muchedumbre pateó a una de ellas, Christian Mphande, y la lanzó a la tumba abierta.

¿Cuál fue su delito?

Una joven emparentada con las dos adultas mayores había muerto, y la gente del pueblo acusó a Mphande, de 77 años, de matar a la joven mediante brujería.

Para castigarla, obligaron a Mphande a enterrar a la muerta, ayudada por la hermana. La agredieron, confiscaron sus pertenencias, incluido el ganado, y la desterraron del pueblo.

Fue un incidente más en la espiral de casos de acoso a personas mayores en Malawi.

Mphande vive ahora lejos de su hogar, pero dentro del distrito, probablemente para lidiar para siempre con las pesadillas de su experiencia y vivir con la evidencia física de una brecha en las encías tras haber perdido algunos dientes en el asalto de la turba, según comprobó IPS cuando la visitó en su nuevo hogar.

Varias adultas mayores han perdido la vida en Malawi a manos de las turbas. Cinco ancianas fueron asesinadas entre enero y febrero de 2023, según la Red de Organizaciones de Personas Mayores de Malawi (Manepo, en inglés), una coalición dedicada a los derechos humanos de los adultos mayores de este país del sureste de África, con cerca de 19 millones de habitantes.

En 2022, 15 ancianas fueron asesinadas y 88 acosadas por diversos motivos, en su mayoría por acusaciones de brujería, lo que supone un aumento respecto a los 13 asesinatos y 58 acosos de 2021.

El director nacional de Manepo, Andrew Kavala, describe los abusos contra las ancianas como una lacra que azota a la nación.

“Como sociedad, hemos fallado a nuestros ancianos. Sentimos una ira injustificada hacia ellos. Impulsados por la frustración debida a los fracasos en la supervivencia, descargamos nuestra ira contra personas inocentes. Es una tragedia”, lamenta Kavala en una entrevista con IPS desde Blantire, la segunda ciudad del país.

Uno de los principales factores de este terror es lo que el activista describe como creencia infundada en la brujería y la magia, a las que, dice, algunas personas culpan de sus desgracias personales.

Ley colonial de brujería

Malawi mantiene en vigor una Ley de Brujería heredada del dominio colonial británico, ya que fue aprobada en 1911, con la visión de los colonizadores del tema y de cómo atacarlo.

Según la Comisión Jurídica de Malawi, la legislación se promulgó con el objetivo de erradicar lo que los colonialistas consideraban “prácticas peligrosas”, como el uso de amuletos y la brujería en sí, que se castigaban con juicios de ordalía, que mediante pruebas obtenidas con métodos medievales establecían la culpabilidad o inocencia de los acusados.

En efecto, la ley parte del supuesto de que la brujería no existe. Por lo tanto, es delito que alguien alegue que alguna persona practica la brujería, e igualmente que alguien afirme que practica la brujería.

En 2006, el gobierno creó una Comisión Jurídica Especial sobre la Ley de Brujería para revisar la norma de 1911. Era la respuesta a los llamamientos de que la ley era ajena a la creencia común en la brujería entre los malauís.

En un informe, la Comisión Jurídica Especial constató efectivamente una creencia común y sólida en la existencia de la brujería entre muchos habitantes del país.

“Hay brujería o, al menos, una creencia en la brujería entre los malauís”, dijo el informe, que planteó que «no es correcto argumentar que no hay brujería en Malawi por la única razón de que la práctica se basa en la mera creencia”.

“En consecuencia, la Comisión concluye que la existencia de la brujería no debe considerarse algo dudoso, sino concluyente”, afirmó el presidente de la Comisión, el juez Robert Chinangwa, en la presentación de su informe en 2021.

Pero las organizaciones de derechos humanos rechazaron las recomendaciones de la Comisión para la revisión de la ley. En una declaración conjunta, las organizaciones afirmaron que, por definición, “una bruja o un mago es alguien que utiliza en secreto poderes sobrenaturales con fines perversos”.

En el supuesto de que se modificara la ley para tipificar como delito la práctica de la brujería, se plantearía la difícil cuestión de las pruebas, argumentaron.

“Es una buena práctica jurídica que para que una persona sea condenada por un delito penal, la acusación debe haber probado su caso más allá de toda duda razonable”, argumentaron.

“Sin embargo, la brujería implica el uso de poderes sobrenaturales. Por lo tanto, probar las acusaciones sería muy difícil en un tribunal de justicia, dijeron en su declaración conjunta.

La mayoría cree en la brujería

Desde entonces no se ha llegado a ninguna conclusión. Es decir, la lucha de Malawi contra los abusos a ancianos por acusaciones relacionadas con la brujería se encuentra atrapada entre la gran creencia en la brujería, por un lado, y la imposibilidad de pruebas de su existencia en un tribunal de justicia si se procesase como delito, por otro.

Según el portavoz de la policía nacional, Peter Kalaya, esta creencia en la brujería está comprometiendo los esfuerzos del Servicio de Policía de Malawi para acabar con los abusos contra los ancianos.

“Nuestro principal reto es que trabajamos duro para hacer cumplir esta ley (de brujería) en una sociedad en la que la mayoría cree que existe la brujería. Como tal, hay una gran resistencia (a su aplicación)”, dice Kalaya a IPS.

La situación de la policía empeora por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los incidentes de abusos a mujeres mayores ocurren en localidades rurales alejadas de las comisarías más cercanas. Según Kalaya, esto a veces afecta negativamente a la respuesta de la policía para rescatar rápidamente a las víctimas y detener a los autores.

Indica además que algunos agentes de policía no quieren violentar las costumbres sobre la brujería.

“La mayoría de los abusos a los que se enfrentan las personas mayores entran dentro del delito general de justicia popular, como recibir palizas, ser asesinadas, quemar sus casas y propiedades y ser objeto de insultos verbales”, explica.

Wycliffe Masoo, director de Derechos de las Personas Mayores y Discapacitadas de la estatal Comisión de Derechos Humanos de Malawi (MHRC), afirma que la creencia en la brujería en sí no es culpable; lo preocupante es lo que ocurre como consecuencia de esa creencia.

“La pregunta que queda en el aire es: si existe la brujería, ¿la practican solo las personas mayores?,  se pregunta Masoo.

Añade que la policía ha sido rápida a veces en detener e investigar a sospechosos de abusar de ancianos, pero el proceso judicial tarda a veces demasiado y brinda impunidad a los abusos.

Legislación vigente

Según dice Masoo a IPS, tanto si Malawi mantiene la Ley de Brujería como si la revisa y se enfrenta al difícil reto de demostrar la brujería ante un tribunal, el país ya cuenta con una legislación que, si se utiliza adecuadamente, podría frenar los problemas de la llamada justicia popular contra las personas mayores.

Por ejemplo, explica, la Constitución prohíbe la discriminación de las personas y garantiza una protección igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

Garantiza, además, la dignidad humana, afirmando que ninguna persona será sometida a tortura de ningún tipo ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Lo que Malawi necesita, según la MHRC, Manepo y la policía, es acelerar la promulgación de la Ley de Personas Mayores e invertir en una formidable y coordinada concientizacion de masas que reúna a los líderes tradicionales, religiosos y judiciales para que todos los malauís comprendan los derechos de las personas mayores.

“Esto protegerá de forma integral a las mujeres mayores”, afirma Masoo.

T: MF / ED: EG

Foto: Charles Mpaka / IPS

La creencia en la brujería cuesta la vida a las ancianas de Malawi