Hace tiempo que las mujeres congoleñas descubrieron el poder de escuchar y organizarse de forma colectiva para combatir las injusticias. Pero la ejecución del Proyecto Femme au Fone (FAF) entre 2013 y 2015 les ha permitido acelerar el cambio. En esta iniciativa estuvieron implicadas organizaciones europeas –Fundación Medio, Cordaid, WorldCom Foundation, Sundjata Foundation y Lola Mora Producciones– y congoleñas -Association des Femmes des Médias du Sud Kivu (AFEM-SK), Synergie des Femmes pour la Paix et la Réconciliation (SPR) y Radio Maendeleo.

Un móvil sin acceso a Internet –para llamar y enviar mensajes sms–, un programa informático de almacenamiento de información y un espacio semanal en las radios comunitarias fue la receta del proyecto con la que el FAF logró que las mujeres que sufrieran o presenciaran algún tipo de violencia compartieran la experiencia. Al concluir, las asociaciones que habían recibido formación del FAF habían creado o mejorado la conciencia sobre sus derechos. Pero también habían definido los tipos de violencia que sufrían en sus entornos cotidianos. Conciencia y conocimiento son, desde entonces, sus mejores armas. No es lo mismo vivir junto a una frontera que hacerlo en una mina o en un aislado campo de té. 

De Bukavu a Goma, capitales de Kivu Sur y Norte, y ambas con paso fronterizo a Ruanda, hay menos de 200 kilómetros, pero el estado de las carreteras convierte el recorrido en un viaje de más de siete horas. Es difícil asimilar que en un paisaje tan bello y rico como este se viva una violencia hacia las mujeres y las niñas tan extrema. Las dificultades y las soluciones que ellas implementan se comparten desde la sinceridad más cruda, sin vergüenza ni temor al qué dirán. Las mujeres con las que ha hablado MN están convencidas de que el silencio invisibiliza su dolor.

En RDC, el 35,6 % de las mujeres de entre 15 y 49 años declararon haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en los 12 meses anteriores a una encuesta realizada por ONU Mujeres en 2018. En el este del país, la cifra se dispara al 75 % según Médicos Sin Fronteras. Además, casi el 70 % de las congoleñas mayores de 15 años viven por debajo del umbral internacional de la pobreza.
Mugogo: incidencia rural
El día ha amanecido lluvioso. Tras recorrer la avenida principal de Bukavu, recogemos al equipo de la red SPR, que han preparado el encuentro con las mujeres de Mugogo, a 25 kilómetros al oeste de Bukavu.

Es domingo, día de descanso, familia e iglesia. El ajetreo de camionetas, motos y personas es algo más relajado que los días laborales. Mientras termina el rezo en la iglesia protestante a la que acude Faraja Zawadi, portavoz del grupo de incidencia comunitaria de Mugogo, atravesamos campos de té repletos de niños. «Nos llevó tres meses lograrlo pero, gracias al acompañamiento de SPR, nuestro grupo de incidencia consiguió construir unas letrinas públicas en el mercado central, que cada miércoles y sábado congrega a más de 3.000 personas», apunta Zawadi. 

La formación que recibieron las mujeres les permite protegerse. «Mantenemos el mecanismo de FAF, pero antes de que una mujer denuncie haber sufrido algún tipo de violencia, nos informamos entre nosotras. No lo hacemos público ni acudimos a la Policía hasta no haberlo hablado y haber agotado las vías de comunicación comunitarias. Cuando se conoce la agresión, la mujer se queda expuesta y es peligroso». Junto a ella, Naweza Almerance, responsable política en una localidad cercana, opina que «no hay suficientes mujeres en cargos políticos para que se conozcan las múltiples violaciones por las que pasan a diario. La participación pública es fundamental». Almerance reconoce que están encontrando soluciones a problemas de la comunidad –como la construcción de carreteras que les permitan llegar al hospital– junto a los hombres. Han roto el silencio en el que estaban sumidas y ahora opinan sobre cómo lograr seguridad y desarrollo en su entorno.

Elody Buhendwa destaca las limitaciones sobrevenidas de su precariedad económica, y resalta el trabajo de la Asociación de Aldeas de Dinero y Crédito, en la que participan más de 11.000 personas. Disponen de una caja de solidaridad que les permite iniciar pequeños negocios o asumir gastos familiares. «La formación de SPR ha hecho que salgamos de la ignorancia; el trabajo que hace el hombre también lo puede realizar la mujer», añade Furaha Muderhwa. 

Algunas mujeres de Mugogo destacan que la alfabetización fue el comienzo del cambio. «Ahora las mujeres pueden leer las convocatorias, deciden por sí mismas, acuden a las reuniones, protestan, defienden sus bienes, exigen la herencia que les pertenece. Antes enviábamos a los niños a la escuela, pero la SPR nos demostró que el cambio estaba en nosotras», argumenta Brigitte Miburhunduli. Entre las más jóvenes, como Gentille Biribinta Cubaka, destacan lo que les aporta la planificación familiar, pensar en el hijo o hija que nacerá, lo que necesitará, y que «exista un diálogo con el marido, porque es una responsabilidad común».

Sin embargo, Jeanine Liala argumenta que el reforzamiento de las capacidades aún es insuficiente, que no se llega a toda la zona y que carecen de un lugar para reunirse. La portavoz, Faraja Zawadi, escribe una ecuación en la pizarra de la clase que la parroquia católica les ha dejado para este encuentro. Sobre el encerado calcula el nivel de riesgo de las comunidades: Riesgos = (amenazas × vulnerabilidad) / capacidades.
Minova: violaciones

Joyeuse Bihemu y Furaha Fataki tienen 15 y 16 años, respectivamente. La primera es madre de un hijo de 11 meses, y la segunda de uno de siete. «Estaba trabajando en el campo, en Bulanga. Apareció un hombre y me violó. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que era muy joven para tenerlo. Ahora, mi responsabilidad es casarme para poder cuidarlo», relata Joyeuse. En el caso de Furaha, todo ocurrió en el mercado, cuando un hombre conocido de la familia la invitó a entrar en una casa y la violó. «No se lo conté a mis padres porque me daba vergüenza, pero mi madre me llevó a un centro de salud para saber qué me ocurría. El médico se lo dijo. La Policía investigó, pero no le encontraron». Furaha siente que su vida «está en peligro» y que debe encontrar los medios para cuidar a su hijo.

A pesar de su juventud, ambas señalan con entereza que son las autoridades y la Justicia las que deben proteger a las mujeres y las niñas. «Tienen que aumentar la seguridad por la noche, cuando regresamos del trabajo, y detener a los violadores», dice la primera. Preocupada por si el violador le había transmitido alguna enfermedad, descubrió casi por casualidad que estaba embarazada.

Entre el 20 y el 30 de noviembre de 2012 se registraron, según un informe de la Misión de la ONU para la Estabilización de RDC, «135 casos de violación sexual y violaciones graves de los derechos humanos, incluidos asesinatos en masa y saqueos perpetrados por militares». Por los casos registrados en Minova, fueron juzgados 39 miembros de las Fuerzas Armadas Congoleñas (FARDC). 
Los militares se habían replegado en esta ciudad ante el avance sobre Goma de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo. 190 mujeres denunciaron haber sido violadas y testificaron ante un tribunal militar. En el juicio, que fue seguido con atención por la sociedad congoleña, se constató la necesidad de que los casos sean denunciados y juzgados, aunque en este caso, prácticamente todos los acusados fueron absueltos. De los 39 militares involucrados, solo un teniente coronel fue condenado por violación y un suboficial, acusado de violación y asesinato, cumplen cadena perpetua; un cabo, 10 años de prisión. Otros 22 suboficiales fueron absueltos de los cargos de violación, pero condenados a entre 10 y 20 años de prisión por «violación de instrucciones, saqueo y disipación de munición».

Colina arriba desde el centro de Minova destaca la antena de Radio Bubandano, una emisora comunitaria que durante el proyecto FAF emitió programas semanales sobre las situaciones de violencia comunicadas por las mujeres mediante SMS. Su director, Ezéchiel Batumike, explica que aquello sirvió para establecer una vía de comunicación con los oyentes, que han seguido compartiendo las violencias y dificultades que barajan a diario. Radio Bubandano emite en swahili, francés y en la lengua local. «Somos civiles poderosos porque tenemos un micrófono. Somos una radio comunitaria que da informaciones verdaderas, hablamos con todas las partes. He sido amenazado de muerte, pero no he dejado nunca de aplicar nuestro código deontológico», explica Batumike, quien señala a la violencia como principal factor del subdesarrollo de la región.

FAF realizó un reportaje sobre lo ocurrido en Minova en 2012. Una década después, Justine -Shamahemba, periodista de Radio Bubandano, asegura que «la situación no ha mejorado mucho porque no se denuncian las violaciones. La solución pasa por sensibilizar a la población. Los programas que hacíamos a partir de los SMS funcionaban».
Kamanyola: la frontera

45 kilómetros al sur de Bukavu, la relación de las mujeres con la inseguridad se concentra en la frontera. «Nos sentimos fuertes porque nos hemos formado, detectamos los malos tratos, nos sentimos acompañadas, al conocer un caso de violación vamos al hospital y a la Policía. Estamos alerta», comienza la reflexión Angelique Furaha, para quien «la costumbre de que la mujer ayude a otra mujer es clave». «Nos llaman “las mujeres imposibles” porque persistimos y nos empeñamos en cambiar las cosas», apunta Jeanette Chandazi Nabintu. 

«Somos mujeres transfronterizas con unas necesidades de seguridad específicas. Cruzamos la frontera con miedo, pero ahora podemos registrar nuestro paso en una ventanilla», comenta Elisabeth Bitisho. Junto a ella, Jeannette Musole –de 23 años y con tres hijos fruto de tres violaciones–, explica que «grupos armados como el M23 han traído la violencia. Antes había buena relación con los países vecinos, pero ahora incluso para emprender un pequeño negocio nos exigen que tengamos sexo con ellos».

Un minero tradicional necesita al menos dos horas de trabajo para obtener un kilo de casiterita, por el que le pagarán tres dólares en la mina; seis si lo lleva al Centro de Negocios de Nyabibwe; o 13 si lo vende en Bukavu. El 75 % de la población de esta zona minera vive de las actividades que generan los yacimientos, una cadena en la que las mujeres ocupan un lugar destacado.

Marie, Solange, Daniel, Nathalie y François apuntan las graves deficiencias en asistencia psicosocial que sufren las mujeres en esta localidad, situada a 100 kilómetros al norte de Bukavu. «Las violencias doméstica y económica hacen que la mujer sufra penurias que no son subsanadas por los responsables locales. En la mina, las condiciones son muy duras, es complejo el acceso porque hay tasas que pagar y la violencia impuesta por los grupos armados que las quieren explotar es una amenaza constante», señala Marie, quien habla del trabajo que se esfuerza por realizar a partir de las formaciones que recibieron de SPR.

Los hombres permanecen durante semanas, a veces meses, en las minas, donde las mujeres se encargan de satisfacer todas sus necesidades. «Para que las mujeres puedan trabajar en la explotación de la casiterita, les exigen que mantengan relaciones sexuales con los que mandan. Y ellas, a menudo, tienen que mantener a sus hijos…», añade Solange. Algunas de estas mujeres, como apunta Daniel, además de atender a los mineros, trabajan en la extracción del mineral. «En las minas tienen tres opciones: trabajar en la explotación, llevar un pequeño comercio o vagabundear para vender su cuerpo. Para romper esta dinámica se necesita más mediación y sensibilización», concluye François.

Kavumu: incidencia comunitaria

Varios colectivos de Bugorhe, localidad situada en la zona de Kavumu, están obteniendo algunos éxitos en iniciativas de incidencia comunitaria. En 2018, por ejemplo, registraron un centenar de matrimonios civiles en una ceremonia única. ¿El objetivo? Que esas mujeres estuvieran más protegidas.

Dos de los autodenominados «hombres FAF» y el grupo de mujeres con los que nos encontramos enumeran las amenazas de los grupos armados y las violencias que los grupos de alerta siguen registrando. El miedo a denunciar por si se pierde el empleo, las dificultades de acceso a las formaciones FAF o la imposibilidad del seguimiento de las iniciativas desde la red SPR debido al estado de los caminos siguen siendo habituales. Y luego está la «falta de medios económicos» para hacer este trabajo. En este lugar detectan violencia doméstica, física, psicológica y económica; embarazos precoces y matrimonios forzados. Y algunos apuntan que, además de la mediación y la escucha, se precisa un acompañamiento legal.
Goma: violencia múltiple

Marie Claire, Pacifique y Maurice nos reciben en la capital de Kivu Norte. Organizan un encuentro con asociaciones de mujeres que trabajan por la paz y el progreso, que luchan contra la vulnerabilidad y la discriminación.

Los múltiples conflictos que registra la ciudad relegan a un segundo plano la violencia que sufren las mujeres. «Ponemos el foco en la educación, en los abusos que hay en la relación profesor-alumno y en la falta de cohabitación entre las comunidades», empieza Pacifique. «Hemos debatido la ley sobre la violencia de 2006, la hemos explicado en las iglesias para que se entendiera el cambio que supone», continúa Jeannette, de la asociación Orientación para Mujeres y Hogares Vulnerables. «Paz, reconciliación y cohesión social es la clave de lo aprendido en la SPR, algo que hemos aplicado en momentos complicados, como en la erupción del volcán en 2021».

De regreso a Bukavu nos detenemos en el campamento de paz que cada año organiza la SPR y en el que reúnen a jóvenes de los países que se concentran en torno a los Grandes Lagos. Se trata de un espacio para debatir, compartir las violencias que viven sus comunidades y buscar soluciones a partir de la convivencia. 

La media de edad de las mujeres con las que nos hemos encontrado ronda los 40 años; actúan desde la necesidad de ejercer sus derechos. En Kavumu observamos que SPR también presta atención a la teoría, recuerda que hay leyes y tratados internacionales que las protegen y que llevarlos a la práctica depende tanto de la acción individual como de colectiva.

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Foto. Joyeuse Bihemu y Furaha Fataki con sus hijos en brazos en Minova. © Carla Fibla García-Sala