Redes de poder privado, grupos económicos influyentes, redes de individuos y organizaciones capaces de orientar a los hacedores de políticas. Y aún corredores de negocio, aparatos legislativos, tomadores de decisiones ministeriales. Pero también comisiones electorales e incluso medios de comunicación. En conjunto, pero también individualmente, son los que crean los llamados "estados sombra". Quienes operan para manipular los aparatos políticos de los estados y gobiernos a fin de desviar decisiones, leyes, opciones económicas para su propio beneficio en lugar del beneficio de los ciudadanos.

En resumen, una amenaza real tanto para las libertades civiles como para el desarrollo inclusivo en África. Y, en una palabra, para la democracia. Una situación que no solo socava la transparencia y rendición de cuentas de los aparatos gubernamentales, sino que también facilita la corrupción y el abuso de poder, especialmente en contextos ya autoritarios.

Cosas que se saben desde hace tiempo y que la gente trata -a menudo con torpeza- de ocultar pero que hoy dos informes ponen sobre papel. Uno ha sido publicado por el Centro para el Desarrollo Democrático de Ghana y se centra en cinco países: Benín, Ghana, Kenia, Mozambique y Nigeria. El estudio demuestra el nivel de penetración y subversión de las instituciones democráticas por parte de entidades externas al estado.

El segundo informe, editado por Democracy in Africa, examina cómo redes de poder no elegidas pueden infiltrarse y subvertir las estructuras estatales. En este caso, los expertos estudiaron los casos de “estados sombra” en la República Democrática del Congo (RDC), Uganda, Zambia y Zimbabue.

Lo que salta a la vista, en primer lugar, es que los "estados sombra" también operan en contextos reconocidos por su desarrollo y democracia. Se piense en Ghana, que tiene el índice PIB más alto de todos los países analizados, con una prensa libre y una larga alternancia de gobiernos elegidos democráticamente, y sobre todo donde los intereses económicos, por ejemplo la explotación de recursos minerales y petroleros, son muy fuertes.

Por supuesto, el nivel de penetración en el aparato estatal y, por lo tanto, de la capacidad de actuar dentro de él, varía según la historia de cada país. Es relativamente más bajo o menos pronunciado en países como Ghana, claro, que tiene una experiencia de múltiples transferencias de poder a través de elecciones libres y siempre muy participativas, y mucho más alto en estados como Zimbabue donde, por el contrario, el gobierno nunca ha prácticamente cambiado de manos.

Ambos informes muestran, sin embargo, que en muchos países africanos (obviamente no en todos), las decisiones políticas y económicas importantes no las toman individuos y aparatos estatales que rindan cuentas a los ciudadanos, sino redes que incluyen miembros ejecutivos, mediadores políticos, familias de presidentes, jueces, empresarios, altos funcionarios, líderes militares y financistas internacionales.

En algunos casos, estas redes cruzan las fronteras nacionales, tanto a través de vínculos profundos con empresas internacionales como a través de su integración en redes delictivas organizadas transnacionales, por lo que importantes recursos se salen del país.

Además del nivel de expansión y presencia de realidades externas al Estado - que sin embargo son ellas las que lo administran-, también varía la forma que asumen estas redes de poder. En Uganda, por ejemplo, el "estado sombra" está dirigido por un alianza de la familia del presidente Yoweri Museveni y de la aristocracia militar, a la que se añade un número selecto entre los empresariales.

En Benín, las cosas van de manera muy diferentes. Aquí, el presidente Patrice Talon explotó la debilidad del sistema legal, judicial y legislativo para transformar una de las democracias más vibrantes del continente en un estado casi unipartidista.

En la RDC, las alianzas militares internacionales en torno a los expresidentes Laurent Kabila antes y Joseph Kabila después jugaron un papel fundamental en la creación de un "estado sombra" íntimamente conectado con las redes transnacionales de contrabando, especialmente de minerales preciosos.

En Zambia, las fuerzas de seguridad han desempeñado un papel menor en la conquista de la democracia que, en cambio, está impulsada por la colusión entre políticos, civiles, funcionarios gubernamentales y empresarios privados. Individuos que, junto al expresidente Edgar Lungu, han llevado al país al borde de la bancarrota. Hay que decir que todo esto en Zambia no ha impedido este año la transferencia de poder.

En Zimbabue, por el contrario, desde principios de la década de 2000, la importancia del ejército ha siempre ido aumentando y ha penetrado gradualmente en áreas del estado y de la economía, tanto que ahora hay que preguntarse si es el presidente Emmerson Mnangagwa - recientemente en el ojo de la tormenta debido al descubrimiento de negocios problemáticos de un poderoso magnate zimbabuense, su ex asesor-, quien tiene el poder y actúa como representante del país, o si no es la cúpula militar.

Comprender cómo apropiarse de la democracia - dice la introducción de los informes - ayuda a explicar la falta de progreso en muchos países hacia la consolidación democrática. Pero también para responder a la pregunta de cómo es posible que gobiernos que no logran responder a las necesidades de los ciudadanos, ni cerrar las brechas en el desarrollo y la justicia social, aún logren mantenerse al frente del país. Y durante mucho tiempo.

En el análisis de los informes se hacen ejemplos concretos de cómo los ganglios del poder oculto logran maniobrar todos los ámbitos y siempre en detrimento o desventaja de la población.

Se destaca cómo, en Nigeria, los jueces multimillonarios hacen su fortuna aceptando sobornos para exonerar a líderes políticos y organizaciones criminales, facilitando la corrupción y creando una cultura de impunidad que socava tanto la responsabilidad democrática como el estado de derecho.

Se constata come los funcionarios de seguridad, los directores de bancos, los funcionarios electorales, los jueces y los periodistas, actúan en connivencia con los miembros del partido gobernante para evitar que los activistas de la oposición realicen una campaña eficaz. Esto es lo que pasa en países como Mozambique, Uganda y Zimbabue, donde efectivamente se impide la transferencia democrática del poder al final del mandato.

También se analiza cómo la policía y el ejército en la República Democrática del Congo han establecido puestos de mando cerca de los nuevos pozos mineros, no para proteger a los trabajadores, sino para emitir impuestos no oficiales. Se llega así a la situación en la que algunos operadores mineros se ven obligados a pagar 40 impuestos, de los cuales solo 9 son oficiales del gobierno nacional.

Se ve también cómo empresas con vínculos con el partido gobernante y el ejército en Zimbabue han utilizado sus amistades y redes para crear artificialmente una escasez de combustible que ha permitido inflar los precios a costa de los automovilistas, creando grandes dificultades para empresas y ciudadanos.

O cómo presidentes, tal el ugandés Yoweri Museveni, otorgan exenciones de impuestos a sus aliados comerciales a cambio de aportes económicos a su campaña electoral, usando fondos incluso llamado fondos de guerra. De esta manera, los ingresos del Tesoro se reducen en cientos de millones de dólares, al tiempo que bajan las finanzas que deberían haberse destinado a la salud y la educación.

Finalmente, otro ejemplo concreto es el de Ghana, donde la conquista parcial de la democracia ha contribuido al surgimiento y a la consolidación de la clase alta ghanesa pero no siempre por méritos personales. De lo contrario. Muchos -individuos y familias- se han enriquecido, e incluso demasiado, gracias a su acceso privilegiado al Estado, a los políticos de los partidos gobernantes y de la oposición, y a sus amigos en el sector empresarial y en la dirección burócrata del Estado.

Es obvio que la población de estos nueve países analizados es ampliamente consciente de las debilidades (en este caso el término es realmente un eufemismo) de sus aparatos estatales y de sus representantes, y esto socava profundamente tanto la confianza en la democracia como el sentido cívico que se mantiene muy escaso tanto en los niveles institucionales superiores come en los inferiores. Situaciones de desconfianza y falta de transparencia que comprometen aún más la seguridad y la vida civil.

Y cuyo daño es evidente: desde la creación de una cultura de la impunidad, que facilita la corrupción y desvía recursos de las inversiones productivas, hasta la manipulación del gasto público y de los recursos para apoyar redes de clientes, desviar inversiones a manos privadas y así asegurar la supervivencia política de los "estados sombra".

La existencia de redes monopólicas y oligopólicas elevan los precios y permiten que empresas vinculadas al “estado sombra” obtengan ganancias desmesuradas. Todas situaciones que mantienen a las poblaciones en estado de necesidad y pobreza.

Revertir este cuadro es el verdadero desafío de las democracias africanas.

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