La economía global liderada por los países desarrollados se basa sobre una dinámica de maximización de ganancias. Las grandes y medianas empresas diseñan planes feroces y estratégicos que les permiten aumentar sus ganancias mediante el acceso a nuevos mercados, obteniendo materias primas más baratas y, sobre todo, reduciendo los costos laborales.
En este contexto económico, en los últimos años, la UE (Comunidad Europea) ha promovido la inversión pública-privada de grandes empresas europeas en África. El Plan de Inversión Externa de la UE permite a las empresas europeas invertir en países en desarrollo con una protección jurídica que les garantiza una inversión segura. Sin embargo, ni este plan ni el Acuerdo de Cotonou con sus Acuerdos de Asociación Económica han hecho el más mínimo esfuerzo para garantizar un comportamiento responsable y ético de las empresas europeas en África.
Por eso debemos preguntarnos cuál es el propósito de este afán de la economía europea en un mercado global que siempre y solo busca aumentar beneficios egoisticos en detrimento de la solidaridad.
Por un lado, las circunstancias han convertido a las empresas europeas (principalmente las agroalimentarias y las industrias extractivas de recursos naturales) en un motor importante para el desarrollo económico en África. Por otro lado, las inversiones que realizan estas empresas tienen también impactos sociales, culturales y ambientales que deben tenerse en cuenta para evaluar su efectividad como motor de desarrollo. Entonces, ¿qué sentido de responsabilidad tienen las empresas europeas cuando operan en países de África? ¿No deben estas empresas actuar con el mismo rigor que si estuvieran en Europa? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la responsabilidad social corporativa? ¿Es suficiente cumplir con lo estrictamente legal para poder hablar de comportamiento ético de las empresas?
La UE debe preguntarse si estas empresas llevan a cabo sus actividades con la misma excelencia que si estuvieran en Europa, es decir, de manera sostenible en el tiempo; si respetan el medio ambiente a través de estudios de impacto ambiental; si respetan las normas sociales y laborales establecidas por los tratados internacionales; o si aprovechan de su poder económico para actuar con impunidad y usan su organización financiera para flujos financieros ilícitos.
Hay al menos cuatro elementos que las empresas europeas deben respetar tomando como base las directivas europeas y que son esenciales para evaluar el comportamiento ético de dichas empresas cuando operan en África.
Primero, las compañías europeas que operan en África deben respetar escrupulosamente los derechos humanos con el mismo grado de compromiso que si estuvieran en Europa. Las empresas no pueden aplicar diferentes niveles de respeto a la dignidad de las personas, dependiendo de dónde se encuentren o del sector en que operen. Las empresas europeas en África deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y de la población para garantizar su seguridad y salud; proporcionar salarios dignos; brindar la atención social establecida por la legislación nacional del país en el que operan, y todo esto sin contravenir a ningún tratado internacional como la convención de la Organización Internacional del Trabajo.
En segundo lugar, las empresas europeas en África deben operar con la máxima transparencia. No se debe exigir a estas empresas que hagan más por la gente que si operaran en Europa, pero tampoco se les debe exigir menos. Los requisitos de transparencia incluyen el suministro de información sobre su balance general, sobre los impuestos pagados en los países en los que operan, los pagos realizados a las autoridades locales y nacionales para obtener los permisos administrativos, las cantidades producidas y las cantidades exportadas, los precios de los bienes, el valor agregado en la cadena de suministro y la trazabilidad de los productos desde el lugar de origen hasta el consumo. Se debe transparencia no solo en los aspectos económicos de las transacciones, sino en todo el proceso de producción. Por ejemplo, las compañías que operan en África a menudo procesan las materias primas en otros países, agregándoles valor económico, pero llevando los beneficios económicos a otros países fuera de África.
En tercer lugar, las empresas deben respetar la Guía de comportamiento de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para una conducta empresarial responsable en la protección de los derechos humanos. Hasta ahora, estas medidas son requeridas de forma voluntaria y, por lo tanto, el pequeño número de empresas que las han implementado es casi simbólico. La diligencia debida promueve la responsabilidad corporativa para identificar los abusos contra los derechos humanos y prevenir efectos negativos en aquellos involucrados en los procesos de producción. Las empresas deben ser escrupulosas en los estudios sobre el impacto ambiental y social de su actividad económica en las poblaciones afectadas y llevar a cabo las medidas compensatorias necesarias para que estas comunidades puedan continuar viviendo con dignidad gracias a sus actividades económicas tradicionales. Además, las empresas deben colaborar con las autoridades locales en la promoción de la igualdad de oportunidades. No debería ser la empresa quien decida qué y cómo compensar a las comunidades locales, sino que se debe hacerlo en coordinación con las autoridades locales.
Cuarto, las empresas europeas deben comprometerse para la seguridad de quienes arriesgan sus vidas y la de sus familias denunciando las injusticias y las violaciones de los derechos humanos. A veces, estas violaciones o represalias se dan entre los trabajadores de la misma empresa. A veces también, pueden no existir procedimientos claros para denunciar los abusos en una empresa o que los trabajadores no tengan los medios para tales denuncias. Cuando un trabajador denuncia las injusticias, la gerencia de las compañías a menudo alega que desconoce tales prácticas o que no ha sido informada; o simplemente que sus subordinados le niegan información. Por esta razón, las empresas deben garantizar el acceso a la justicia para sus empleados y personas afectadas por sus actividades y brindarles protección física y legal.
El crecimiento económico de las empresas debe ir de la mano con un comportamiento ético y no se puede desligar una de la otra. Cuando las empresas llevan a cabo su actividad económica sin asumir una responsabilidad efectiva de la dimensión social, nos encontramos con negocios apresurados y puntuales y no con empresas sostenibles. Solo una empresa que se ocupa de su dimensión social hace una distribución justa de la riqueza, ayuda a disminuir las desigualdades, erradica la pobreza y proporciona la columna vertebral para el desarrollo integral de los seres humanos. Este es el desafío para la UE si quiere hacer efectivos sus valores de solidaridad e igualdad de oportunidades para todos sin dejar a nadie atrás. Europa no seguirá creciendo por sí sola, solo lo hará con un crecimiento inclusivo y en solidaridad con los países en desarrollo. Cualquier ideología que no promueva estos valores estará construyendo una Europa aislada, sin empatía, lejos de los principios inspiradores de la UE.
Ver: Business is, business Ethics: criteria for Corporate Social Responsibility
Ver también: El mundo se beneficia de la riqueza de África y también La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
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