El 11 de febrero de 2011, en una asamblea, organizaciones campesinas, ONG, sindicatos y otros movimientos sociales reunidos en Dakar con motivo del Foro Mundial Social, lanzaron un llamado en contra del acaparamiento de tierras: “Los recientes acaparamientos masivos a beneficio de  intereses privados o de Estados terceros  contra decenas de millones de hectáreas, vulneran los derechos humanos privando a las comunidades locales - indígenas, campesinos, pastores y pescadores artesanales - de sus medios de producción, restringiendo su acceso a los recursos naturales o quitándoles su libre producción”.

Los misioneros, reunidos en un Foro social paralelo se han unido a ese grito a nombre de su fe: “Nosotros continuaremos empeñados en evitar que África no sufra otro genocidio a causa del acaparamiento de tierras”, decidieron por ejemplo los Misioneros Combonianos. El acaparamiento de tierras fértiles es de hecho una de las principales amenazas que se cierne actualmente sobre la soberanía alimentaria de muchos países, sobre todo en África, y se ha convertido en un problema eje para el futuro.

Con el incremento de los precios agrícolas, asistimos a una verdadera carrera por la tierra. “Los compradores son, al igual, empresas, como Daewoo en Madagascar, que estados importadores directos: compran las tierras cuyos cultivos son destinados a la exportación de alimentos o bio-combustibles”, afirma Ambroise Mazal en una entrevista publicada en Alternatives Economiques. “A ellos, después de la crisis financiera, se han añadido diversos especuladores. Hablamos aquí de compra o arrendamiento a largo plazo de decenas de millares de hectáreas.  De acuerdo al Banco Mundial, se ha pasado de 4 millones de hectáreas cedidas en promedio cada año en el curso de la última década, a 45 millones en 2009: el fenómeno se ha por lo tanto ¡decuplicado!”.

Estas concesiones a gran escala han tenido lugar en países pobres o en vía de desarrollo, donde una gran fragilidad afecta a los derechos de propiedad, donde la gestión de la tierra se basa sobre reglas informales y tradicionales, reconocidas localmente, mas no en los acuerdos internacionales, donde por lo tanto los derechos sobre las tierras no están asegurados: esto hace que campesinos y  pequeños agricultores no puedan probar que son propietarios de los terrenos que cultivan y que han de hecho poseído por varias generaciones.

La utilización de esas tierras, por parte de entidades extranjeras, es letal con respecto a las necesidades de la población local con quienes ellos entran a competir. “En Mali –ejemplo citado por Ambroise Mazal– los compradores libaneses de tierras han desplazado a la población de las tierras fértiles a lo largo del río Níger, han perturbado cementerios para poner en su lugar proyectos agrícolas. Y la población local se ha dado cuenta cuando era demasiado tarde”.

Las inversiones en agricultura son esenciales para que un país adquiera autonomía alimentaria; estas, sin embargo, deben apuntar al bienestar de la población local, manteniendo la agricultura de subsistencia y la agro-ecología y no responder a los intereses de compañías multinacionales o hasta de sectores estatales. El derecho al uso de la tierra es natural y primordial, y es un valor universal de cada ser humano, sobre el que no puede prevalecer ningún otro derecho económico. Peor aún si está en juego la desaparición de enteras comunidades humanas. “La inversión extranjera no es automáticamente fuente de desarrollo, mas por el contrario puede desestabilizar los sistemas socio económicos locales”, concluye Ambroise Mazal.

¿Cómo combatir este fenómeno, entonces?

La sociedad civil en el ultimo Foro Social Mundial a Dakar, ha trazado el camino con su Llamado: “Apelamos a los parlamentarios de los gobiernos nacionales para que detengan inmediatamente los acaparamientos masivos de suelos en curso o futuros y que las tierras despojadas sean restituidas. Exigimos a los gobernantes parar de oprimir y criminalizar los movimientos de lucha por las tierras y poner en libertad a los militantes ilegítimamente puestos en prisión. Exigimos a los gobernantes nacionales que establezcan un marco efectivo de reconocimiento y regulación de los derechos de suelos de los que los utilizan, a través de la consulta de todas las partes y esto previamente cuando se trata de cesiones masivas de tierra. Esto implica poner fin a la corrupción y al clientelismo, que hacen nula toda tentativa de gestión compartida de las tierras”.

El mencionado Ambroise Mazal, encargado de misión de CCFD – Tierra solidaria, en su entrevista a Alternatives Economiques n° 300 - marzo 2011, habla de la misma manera: “Exigimos a los gobiernos detener inmediatamente la cesión de tierras a actores a menudo extranjeros. Los Estados del sur deben tener en cuenta a su población, dejar atrás los espejismos de las inversiones extranjeras acogidas sin contrapartidas, que sean estas en términos de repartición de las riquezas producidas o del respeto de la población local”.

Pero todo esto, ¿qué resultados han producido?  Nada, hay que reconocerlo: el fenómeno continua, todo el mundo sigue haciendo llamados de atención, los proclamas se multiplican y los estudios también porque “esta batalla a nivel ideológico es también una batalla en campo diplomático en la que los estados del sur mano en la mano con los estados del norte, son por desgracia frecuentemente opuestos a toda reglamentación”, explica Ambroise Mazal. ¿Qué hacer, entonces?

Tenia razón el Llamado de Dakar, de exigir a la Unión Regional de Estados, a la FAO, a las instituciones nacionales e internacionales que pongan en ejecución todo lo decidido en la Conferencia Internacional para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, a saber: garantizar los derechos de los usuarios de suelos, relanzar los procedimientos de reformas agrarias basadas en un acceso equitativo a los recursos naturales y en un desarrollo rural que asegure el bienestar de todos. Y también exigir que las directivas de la FAO en este campo sean reforzadas.

Sin embargo, para que estos organismos actúen de esta manera, es necesaria una estrategia que sea coordinada entre la sociedad civil - ONGs a la cabeza – presente en los organismos internacionales – ONU, FAO, Parlamento Europeo, AU – y organizaciones de base trabajando en sitio. De lo contrario, se llegará al próximo Foro Social Mundial de Túnez con el mismo problema pero agravado, con los mismos gritos de protesta más agudos, con los mismos sentimientos de frustración y los mismos resultados, vacíos e inútiles.