Como colombiana, igual que muchos de mis compatriotas, vivía inmersa en mis asuntos y no me enteraba de lo que realmente pasa. Las cadenas nacionales de televisión y radio sesgan la información de una manera casi descarada y eso nos mantiene alejados de la realidad.

Por haberme involucrada en el servicio de Justicia, Paz, Integridad de la Creación (JPIC) de los Misioneros Combonianos, empecé a relacionarme con el término Acaparamiento de Tierras (AT), y por los textos que publicamos en nuestro blog, he conocido la triste existencia de esta realidad en diferentes partes del mundo: África, Asia, incluso Europa, en igual proporción que en América Latina.  

El año pasado, en el marco de una asamblea de los Misioneros Combonianos, fui invitada a una charla, dictada por un funcionario de CODHES  (Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento) acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia. Esta charla me permitió conocer las verdaderas causas y consecuencias de acontecimientos muy sonados en los medios, como masacres y desplazamientos forzados de poblaciones; hechos que demuestran como el AT en Colombia es un fenómeno que se viene dando desde hace años y que últimamente se ha venido incrementando de una manera preocupante.

Los problemas que aquejan los campesinos colombianos abonan el terreno para que se den más casos de AT en diferentes zonas del país. Es en este contexto que va situado el Paro Campesino.

Debido a la desinformación a la que estamos sometidos, las razones del Paro Campesino resultan ambiguas para la opinión pública colombiana. A muchos, este asunto no nos afecta directamente y aunque experimentemos alzas en los alimentos o que algunos productos escaseen, no asociamos estos hechos con el paro campesino. Además no nos preocupan mucho porque no es nada que no se pueda solucionar poniendo un poco más de dinero para hacer compras o reemplazando algunos productos por otros.  

Situado en una perspectiva más amplia, por el contrario el paro campesino hace visible una problemática que sí afecta nuestro presente y vislumbra un negro futuro para todos los colombianos.

En la página de Facebook del Comité Por La Dignidad Papera y La Soberanía Alimentaria, uno puede enterarse de cuáles son “algunas” de las causas de estos problemas.

En primer lugar están las relaciones comerciales que Colombia, desde los años 90 con la apertura económica, ha venido adelantando con unos países y de manera particular con Estados Unidos.

Desde entonces, Colombia ha establecido tratados comerciales que le obligan a abrir sus fronteras a productos que por tradición siguen siendo cultivados en el País, ejemplo el arroz y el azúcar. Muchas personas prefieren los productos importados, ya sea por sus bajos costos o porque los comerciantes no indican abiertamente si son de origen nacional o extranjero. Algunos hasta los mezclan a propósito, como pasa con el arroz. Esto deja en desventaja competitiva a los campesinos que han hecho grandes inversiones para sacar adelante sus cosechas y luego tienen que vender sus productos a precios mucho más bajos, teniendo como resultado pérdidas y más pérdidas económicas que los llevan a la quiebra.

Con los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Colombia ha venido firmando con diferentes países, algunos expertos se atreven a afirmar que ha empezado la peor época para los campesinos y para Colombia. De esta manera lo expresa uno de los senadores de la república, afirmando que: “Es mejor ser vaca en la Unión Europea (UE) que campesino colombiano, porque recibe más plata del Estado una vaca en la UE que un campesino en Colombia"; en la Unión Europea, en realidad, los subsidios al agro están muy por encima de los que asigna el gobierno colombiano al mismo sector.

Otro grave problema es la débil política frente al contrabando de todo tipo de productos, incluidos los alimentos, que ingresan a Colombia por sus extensas fronteras. Precios más bajos y desconocimiento de su origen hacen que los consumidores los prefieran.

Asociado al TLC hay otro problema igualmente preocupante. El gobierno a través del ICA -Instituto Colombiano Agropecuario-, ha aprobado la Ley 9.70, que regula el uso de semillas y que obliga a los campesinos a comprar semillas “certificadas”. Aunque su implementación haya sido suspendida, esta ley es una amenaza latente. Los campesinos estarían también obligados a comprar fertilizantes y demás agro-insumos, de marcas y patentes relacionadas con la semilla, con el argumento de que solo de esa manera se podrán garantizar buenos resultados de la cosecha. En internet se puede encontrar un documental muy completo sobre esta ley y sus nefastas repercusiones.

Contra todo esto tienen que luchar los campesinos a diario, sin contar con los altos costos de los agro-insumos, problemas fitosanitarios, las sequias, las inundaciones -¿Quién no recuerda el drama por las inundaciones de los años anteriores?-.  El mismo presidente del Banco Agrario lo confirmó en un noticiero de televisión, afirmando que los campesinos le deben mucho dinero a esta entidad porque no logran equilibrar los costos con las ventas y quedarse con una justa ganancia.

Los campesinos, a través de sus agremiaciones, han expresado al gobierno nacional sus problemas y sus principales peticiones, que son:

• La implementación inmediata de medidas para hacer frente a la crisis de la producción causada por las importaciones, por el TLC y por la apertura económica.
• Fortalecer las políticas anti–contrabando
• Derogar la ley 9.70.
• Reducir los precios de los agro-insumos.
• Condonar las deudas de los campesinos con los bancos.
• Inversión social urbana y rural: que el gobierno atienda las exigencias del campesinado en cuestiones de salud y educación.

Hay otros temas sobre la mesa; uno de ellos es la concentración de tierras en manos de pocos por los problemas relativos a los derechos de propiedad. El gobierno pretende limitarse a discutir el tema de la deuda de los campesinos con los bancos, lo que tampoco hace.

En el año 2013, cuando los campesinos cansados de las pérdidas económicas y del abandono del gobierno, decidieron salir a las calles, el presidente Juan Manuel Santos dijo a la opinión pública que el paro agrario no existía. Sin embargo, firmó  unos acuerdos con los campesinos, que luego ha incumplido y olvidado.

Recientemente,  los campesinos han vuelto a la calles para presionar al gobierno a cumplir los acuerdo pactados en 2013, pero han sido prácticamente ignorados ya que los medios se concentran en el proceso electoral por la presidencia de la república.

Ante esta problemática nos preguntamos: ¿Qué futuro nos espera si nuestros campesinos se dan por vencidos y sin otra alternativa venden sus tierras al mejor postor?  Los compradores están listos para “negociar” con precios por demás injustos, pero lo peor sería que los campesinos ¡perderían sus tierras para siempre!

Los campesinos sin tierra (y por supuesto sin vivienda), pasarían a engrosar las largas filas de desempleados de este país. Las multinacionales y/o gobiernos extranjeros cultivarían nuestros campos, explotarían nuestras fuentes de minerales y de agua y nosotros estaríamos comprando productos estéticamente colocados en los estantes de los supermercados, sin saber de donde vengan, si son buenos o malos para nuestra salud.

Si no queremos ese futuro, debemos acompañar a los campesinos en su lucha por mantener la propiedad de la tierra y garantizar la seguridad alimentaria para todos los colombianos. Decía Martin Luther King: “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”.

Vea también:

• http://colombiareport.ss.uci.edu/webdocs/Article1(Spanish).pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=Fo50C8iw6kc
• http://reliefweb.int/report/colombia/la-crisis-agraria-y-las-causas-del-paro-mucho-m%C3%A1s-profundas-que-los-tlc
• https://www.youtube.com/watch?v=3GTHYBiRPZ4