El fenómeno existe desde hace años, mas en 2018 hubo un cambio radical en el tablero geopolítico de los desechos que agudizó el comercio de residuos plásticos de países desarrollados a los no desarrollados. En enero de ese año, China, que recibía 45 % de los desechos plásticos del mundo, impuso restricciones a la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluyendo los plásticos.

El flujo transfronterizo de los desechos plásticos por parte de Estados Unidos y Europa tuvo entonces que cambiar de ruta en busca de nuevos territorios. Países del sudeste asiático - India, Indonesia, Vietnam y Malasia-, se volvieron los nuevos destinos de las miles de toneladas que antes importaba China. Pero no fueron los únicos.

Diversas organizaciones civiles de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, en inglés) han documentado que la decisión de China también está afectando a América Latina, especialmente a México, El Salvador y Ecuador, que se han convertido –en menos de cuatro años– en los recipientes emergentes de la basura plástica de Estados Unidos.

“Es el colonialismo de la basura”, asegura GAIA en su reporte publicado el 15 de septiembre de 2022. “Mientras grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje (…), gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de cientos de contenedores repletos de residuos plásticos”.

Según GAIA en el mejor de los casos, estos residuos se reciclan, pero en muchas otras ocasiones “terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”, causando problemas para la salud de las comunidades recolectoras.

Este falso reciclaje es posible porque en los países de América Latina hay condiciones que lo permiten: generalmente tienen regulaciones débiles sobre importación de residuos, falta control en aduanas, insuficiente infraestructura para reciclar, vínculos opacos entre gobiernos y empresas recicladoras, y una ausencia de datos sobre importaciones y exportaciones de residuos.

Todos estos factores han vuelto a la región un terreno irónicamente fértil para recibir la basura de otros, disfrazada de “residuos reciclables”, sin prácticamente ninguna restricción.

Los datos del Import/Export Census Bureau de los EEUU muestran que en 2020 y 2021 este País exportó 200 mil toneladas de residuos plásticos a América Latina en su mayoría a México, 147 897 toneladas; El Salvador, 20 975 toneladas; y Ecuador, 12 791 toneladas. Esos residuos incluyeron etilenos, estirenos, PVC, botellas de politereftalato de etileno, conocidas como PET, y “otros plásticos o mezclados”. Pero no hay información exacta sobre su composición, ni sobre cuántos plásticos fueron reciclados y cuántos terminaron acumulados, enterrados o incinerados.

El problema ha alertado a la Organización International de Policía Criminal (Interpol). En un reporte de agosto de 2020, la organización advirtió que el traslado de residuos plásticos estaba generando patrones criminales por declararlos falsamente como “destinados a la recuperación”, o como “no peligrosos”, cuando estaban contaminados o mezclados con otros flujos de residuos.

la Interpol advertía que el sector de los residuos “sufre una serie de actividades ilegales, perpetradas de forma más o menos organizada con el fin de obtener beneficios evitando los costes del tratamiento adecuado de los residuos o creando oportunidades de negocio ilegales y rentables”.

Diversas situaciones están permitiendo una nueva colonización en América Latina a través de los residuos plásticos. Y una de ellas son los huecos en las regulaciones internacionales.

“Reciclaje”, ruta para evadir el Convenio de Basilea

Hace exactamente 30 años, en 1992, entró en vigor el Convenio de Basilea, del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, que buscaba que todos los países firmantes limitaran el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para así proteger el ambiente y la salud humana. El Convenio era una respuesta a un fenómeno de los años 80:  buques, provenientes de países desarrollados, vertían desechos tóxicos en países en vías de desarrollo como Nigeria, Filipinas y Haití, a cambio de atractivos pagos. Muchos años después, en 2019, tuvo efecto la Enmienda de Prohibición, que prohibía que los países desarrollados exportaran residuos peligrosos a países en desarrollo.

Fue hasta enero de 2021 que entró en vigor la Enmienda de Residuos Plásticos, la cual establece que antes de que los exportadores envíen “desechos plásticos contaminados, mezclados o no destinados al reciclaje ambientalmente racional”, deben obtener el consentimiento de los países receptores, y estos tienen el derecho de rechazarlos. Ahí está la clave de lo que sucede ahora.

Como existe la posibilidad de que los países receptores se nieguen a recibirlos, algunas empresas exportadoras e importadoras han encontrado una ruta para evadir la norma: por un lado, declaran los residuos como destinados al reciclaje y, por otro, esquivan los controles (si es que los hay) para verificar que sean aptos para ello.

Es una fórmula infalible: los países exportadores se deshacen así de los residuos que son difíciles y costosos de reciclar, y las empresas importadoras de los países destino reciben el pago por este reciclaje sin tener que demostrar que realmente lo hacen. Todo a la vista de gobiernos que no tienen el control o el interés de evaluar qué se transporta ni a dónde.

De acuerdo con el informe de GAIA de 2020, “las empresas de los países de ingresos altos han estado exportando al extranjero productos mixtos, muy contaminados, y residuos plásticos a menudo no reciclables para evitar los costos de rediseñar, desarrollar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor o infraestructura de reciclaje, entre otros”.

Esto también porque el reciclaje en EEUU es cada vez más caro. El informe de la Interpol destaca que “las instalaciones de reciclaje estadounidenses han aumentado significativamente sus tarifas de procesamiento” debido a “los mayores niveles de impurezas en los residuos de plástico tratados”.

Un ejemplo es una de las principales plantas de reciclaje, ubicada en Alabama, que, según la Interpol, ha duplicado sus tarifas de procesamiento, pasando de 30 a 65 dólares por tonelada desde octubre de 2019. Resulta entonces más barato y fácil enviarlo a otros lugares, como México.

Los residuos plásticos no son los únicos que se importan por fuera de las regulaciones internacionales. El Convenio de Basilea, en las Directrices sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Electrónicos, tiene otros huecos que permiten la exportación de residuos electrónicos muy peligrosos con fines de “reparación”. En el punto 12, esas Directrices reconocen que muchos equipos eléctricos y electrónicos usados se exportan a países en desarrollo “supuestamente para su reutilización”, pero un elevado porcentaje de ellos “no son adecuados para un uso posterior o no son comercializables, por lo que deben eliminarse como desechos en los países receptores”.

Delegados de la organización Basel Action Network advierten en un comunicado que “mientras un exportador afirme que sus contenedores de chatarra electrónica están destinados a la reparación, todas las autoridades pueden mirar hacia otro lado, ya que Basilea no es aplicable”. Este “hueco” en la ley debe repararse y discutirse en la 11ª reunión de las Partes del Convenio de Basilea, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, en mayo de 2023, pues “el estatus quo ya es inaceptable”, dicen.

México: el vertedero de su vecino del norte

No hay otro país en la región que haya recibido en los últimos años tantas toneladas de residuos plásticos de Estado Unidos como México. Según los datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de Comercio Exterior (SIAVI) de México, las toneladas de residuos plásticos que el país recibió pasaron de 58.243 en 2017 a 130.316 toneladas en 2021. Más que las cantidades, importa la forma en la que entran al país. El informe de 2022 de GAIA dice que “es posible que muchos residuos plásticos estén entrando desde EEUU por la frontera terrestre, con pocos o nulos controles aduaneros”. La abogada y defensora de derechos humanos, Darinka Carballo, afirma haber visto decenas de camiones anónimos que permanentemente descargan residuos en asentamientos ubicados a unos pocos kilómetros de Tijuana, Baja California, al norte de México y colindante con California, que es, por mucho, la entidad de Estados Unidos que más residuos plásticos exporta a México.

Uno de esos asentamientos es El Pueblito, “un asentamiento poblacional irregular que no tiene ningún servicio público, a unos 500 metros de donde los camiones de basura, tanto del Ayuntamiento de Tijuana como vehículos sin identificación, van y depositan”. Ella calcula que puede haber 400 personas viviendo en El Pueblito “en condiciones paupérrimas, sin higiene, sin servicios de salud”. En todo ese espacio, “se observan fogatas, y personas en cuclillas, absolutamente tiznadas, realizando separación del plástico y del cobre: queman el plástico y se quedan con el cobre, que es de lo más caro que pueden vender”, dice la abogada.

No se tienen datos de las condiciones de salud de los habitantes de El Pueblito, pero Carballo afirma que muchas de estas familias inhalan permanentemente el humo producido en las incineraciones, por lo que podrían estar respirando dioxinas y otros compuestos relacionados.

Una revisión sobre la incineración de plásticos, publicada en 2019 por investigadores de la Universidad Federal de Tecnología, en Nigeria, advierte que “los humos de los residuos de plástico liberan aditivos halogenados y cloruro de polivinilo, mientras que los furanos, las dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB) son liberados por la incineración de plásticos en el medio ambiente”.

Estar en contacto con ellos puede generar irritación en los ojos o el tracto respiratorio, pero también afectaciones más graves como efectos carcinógenos o daños en huesos, hígado, o en los sistemas nervioso, digestivo o respiratorio. Sin servicios de salud ni monitoreo médico, es imposible saber si la gente de El Pueblito tiene alguno de esos padecimientos.

En todo caso, tampoco serían los únicos afectados. El mismo artículo dice que, “en el proceso de incineración de plásticos, se produce hollín, cenizas y diferentes polvos, que acaban depositándose en las plantas y el suelo, con el potencial de migrar al medio acuático”.

Frente a casos como el de El Pueblito es importante que la sociedad civil exija al gobierno mexicano que detenga la importación ilegal de residuos plásticos y electrónicos desde EEUU, mientras éste opta por impulsarla argumentado que es una oportunidad económica para el país.

Las asociaciones civiles Acción Ecológica, Asociación Ecológica Santo Tomás y Fronteras Comunes hicieron 65 solicitudes de información a nivel federal sobre la entrada de desechos plásticos al país por diversos puertos, de las cuales solo cuatro tuvieron respuestas parciales.

De acuerdo con el informe de estas asociaciones, citado en el reporte 2022 de GAIA, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuentan con información relacionada con este movimiento de residuos plásticos, por lo que no se sabe de su peligrosidad, ni de su destino final una vez que entran al país.

“¿A dónde van estos plásticos que se están importando? ¿Se están yendo a cementeras, a rellenos sanitarios, a tiraderos clandestinos? No sabemos. Hemos preguntado a gobiernos municipales y gobiernos estatales. Nadie sabe quién está reciclando residuos plásticos importados aquí en México”, afirma José Manuel Arias, integrante de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. y uno de los autores del reporte del caso México. Arias está convencido de que “es necesario desmontar esa política pública que promueve a México como el vertedero de nuestro vecino del norte. Solo el poder ciudadano puede lograrlo y estamos trabajando en ello”.

En junio de 2019, el gobierno ecuatoriano lanzó un comunicado de prensa en el que aseguraba: “Ecuador no es, ni será receptor de basura de ningún país del mundo”. Era su respuesta a una denuncia periodística sobre los flujos globales de residuos plásticos que incluyó al país en la lista de los 13 mayores receptores de estos residuos por parte de Estados Unidos.

Pero los datos más recientes, publicados en febrero de 2022 por la Alianza Basura Cero de Ecuador, en coordinación con GAIA, muestran lo contrario: entre 2018 y enero de 2022, Ecuador importó 48.473 toneladas de desechos plásticos que entraron al país en transporte marítimo; de ellas, 27.338 toneladas (57 %) provinieron de EEUU, convirtiéndose a Ecuador en el tercer país de América Latina que más desechos importó de dicho país. Las investigadoras a cargo de ese estudio: María Fernanda Solíz Torres, de la Universidad Simón Bolívar, en Quito, y la periodista de investigación, Susana Morán Gómez, integrantes de la Alianza Basura Cero de Ecuador, reportan en su informe que 75 % de los desechos plásticos que entraron al país por la partida arancelaria 3915 lo hicieron bajo la denominación “desperdicios plásticos”.

Se trata de una clasificación ambigua que impide conocer con mayor detalle el tipo de desecho. “El gobierno ha negado constantemente que Ecuador importe desechos plásticos. En realidad, lo que dice es que el Estado no importa, sino que lo hacen empresas ecuatorianas recicladoras en su gran mayoría”, expresa Morán a SciDev.Net.

Esa es la esencia del problema. Las empresas recicladoras “consideran que están haciendo un favor al ambiente porque recuperan desechos o incluso los importan para sus procesos productivos, y en eso coinciden con el Estado. Entonces el gobierno los ampara muchísimo”, explica Morán.

En su libro La partida 3915. Importación de desechos plásticos en Ecuador, publicado en 2021, Fernanda Solíz afirma que en 2020 el gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, puso “candado a los datos relacionados con las empresas que exportan desechos”, usando el pretexto de que se trataba de información personal que debía solicitarse a cada empresa.

Solíz lo hizo. Junto con Susana Morán, contactaron a las 13 empresas recicladoras más importantes del país en busca de información sobre el tipo y volumen de sus importaciones de plásticos. La mayoría de las compañías se negó a dar información. Las pocas que lo hicieron confirmaron varias inconsistencias sobre la importación de plásticos. Un ejemplo son las tuberías para riego que se usan en la industria agrícola de EEUU que trae la principal importadora de plásticos del país.

“Los directivos reconocieron que este tipo de desechos agrícolas vienen muy sucios al Ecuador. Por ejemplo, si ellos importan 10 kilos, cinco kilos son de tierra, porque las tuberías de riego están en la tierra y los agricultores norteamericanos no se dan el trabajo de lavar las tuberías para mandarlas a países subdesarrollados como Ecuador. Entonces acá, los empresarios traen estas tuberías plásticas sucias y las lavan con nuestros propios recursos naturales”, subraya Morán.

En una respuesta por escrito a SciDev.Net, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador afirma que, con base en la Ley de Plásticos de un solo uso, la importación de residuos plásticos está prohibida. Sin embargo, existe una “dispensa temporal”, cuyo mecanismo de ejecución fue publicado el 3 de octubre de 2022. Esta dispensa permite importar residuos plásticos siempre que se cumplan tres requisitos: “Cuando el fin sea el aprovechamiento; Cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y se garantice la adecuada gestión ambiental; y hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad efectiva de los residuos plásticos generados en el país”.

De acuerdo con la investigación de la Alianza Basura Cero de Ecuador, estos requisitos no se han venido cumpliendo pues las empresas aseguran que importan plásticos para sus propios procesos productivos cuando, según varias entidades ecuatorianas, más del 90% de los residuos se entierran.

La ironía parece obvia: las empresas importan plásticos para reciclar cuando en el país hay un exceso de plásticos que no se reciclan. “Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base que existen en la ciudad”, dice Morán.

Los vínculos entre gobierno y empresas también impactan en las revisiones en aduana.

Las investigadoras destacan que en 2021 el gobierno ecuatoriano hizo algunas inspecciones, pero sin mucho éxito porque, por un lado, las hicieron sobre traslados por tierra, cuando 94 % de las importaciones de residuos plásticos llegan por mar. Y, por otro lado, fueron esfuerzos aislados que se suspendieron debido a la presión de las empresas. “A la fecha no existe ningún informe, al menos público, de que se hayan hecho esas inspecciones y de que, efectivamente, se haya verificado que todo lo que importaron fue usado en sus cadenas de producción por las empresas”, señala Morán.

Argentina y Chile: diferentes residuos, patrones similares

A pesar de que México y Ecuador, además de El Salvador, del que todavía no se tienen muchos datos, han sido los recipientes emergentes de los residuos plásticos de Estados Unidos, eso no significa que no haya señales similares en otros países.

En Argentina, la Alianza Basura Cero consiguió datos de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos que muestran un aumento considerable de las importaciones de residuos de PET (el único tipo de residuo que informan): en 2011-2015 se importaron 200 toneladas de residuos de PET, mientras que en 2016-2020 fueron 1.864 toneladas, la mayoría proviniendo de EEUU y Brasil, importadas por las empresas de empaques Tetra Pak, Petropack, Dupont y Dak Americas.

No hay datos sobre aumentos en las importaciones de otros residuos plásticos, pero Cecilia Bianco, ingeniera y coordinadora del área de Tóxicos en la organización Taller Ecologista, en Argentina, plantea que el patrón es el mismo que Ecuador: el país importa residuos que abundan en el país.

“Es injusto importar residuos de papel, cartón, plásticos, cuando los hay en abundancia. Sólo que hay que gestionarlos debidamente. Los residuos sólidos urbanos son propiedad de los municipios y comunas, pero se recicla sólo el 10 por ciento”, dice a SciDev.Net.

“Y esta es una realidad en toda Latinoamérica: la ausencia de gestión es la que habilita la importación”, indica Bianco. Las importaciones seguirán “si no hay una legislación clara que prohíba el ingreso de residuos” y sin que “exista una aduana que lo controle”.

En Chile ocurre algo paradójico: las organizaciones chilenas que abogan por una mejor gestión de residuos están más preocupadas por las exportaciones que las importaciones de residuos plásticos.

El informe más reciente de la Alianza Basura Cero en Chile, publicado en junio de 2022, advierte que de 2015-2017 a 2018-2020 las exportaciones de estos materiales disminuyeron en 5000 toneladas. Esto, “abre dudas preocupantes sobre el destino final de estos residuos”, porque si esos residuos no salieron del país y tampoco fueron reciclados dado que la tasa de reciclaje no aumentó, “¿Dónde terminaron? ¿En rellenos sanitarios, vertederos, ríos, lagos, playas? ¿Se incineraron?”.

“Nuestra hipótesis es que se están disponiendo en vertederos”, comenta Matías Roa, ingeniero de transportes y analista de datos de la Alianza en Chile. “Por ahora no tenemos más datos, pero el siguiente paso es averiguar dónde están esos residuos”.

Aunque no da cifras, el informe de la Interpol del 2020 revela que Chile es uno de los países en los que la disposición ilegal de residuos en vertederos, así como su incineración, aumentó desde 2018.

Roa dice que si bien la importación de residuos plásticos desde EEUU hacia Chile es mínima, está detonando cambios en su gestión. “Se vuelve un terreno fértil para la inversión privada que mira a implementar nuevos sistemas de gestión de residuos, como la incineración o la valorización de residuos”. Incluso, en Chile han aumentado los permisos para que las empresas cementeras puedan disponer de los residuos, lo que está propiciando nuevas discusiones sobre cómo las sustancias contaminantes producto de la incineración pueden afectar la salud de las comunidades y los ecosistemas que están cerca de las incineradoras.

La solución

Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo esfuerzos importantes para visibilizar el fenómeno pero su trabajo no impacta en las políticas públicas y no obligan a los gobiernos a respetar la Enmienda de Desechos Plásticos (Convenio de Basilea). “Llama la atención el desconocimiento de las autoridades de este comercio transfronterizo, cuando ellos deberían estar a la vanguardia de estos fenómenos internacionales”, reconoce Susana Morán.

“La lógica colonialista es lo que define bastante bien lo que estamos viviendo en nuestros países”, apunta el chileno Matías Roa. “Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero tienen todo desordenado, sucio, contaminado. Y, tristemente, nosotros somos parte de ese patio trasero sucio”.

Para él, como para muchos de quienes monitorean estos traslados de residuos plásticos en los últimos años, la solución está en el nivel sociopolítico. “Lo mejor que podemos hacer es exponer estos temas, educar al respecto y lograr incidencia a nivel político”, dice Roa. Susana Morán pone el foco en su solución: el mundo sigue pensando a dónde llevar los plásticos, en lugar de pensar cómo dejar de producirlos. Para ella, “fue un descubrimiento saber que existe un movimiento, un comercio internacional de desechos plásticos, cuando lo que deberíamos proponer, como sociedades en general, es disminuir el consumo de este tipo de productos”. Y, sobre todo, “exigir que las empresas que los producen sean responsables con su entorno”.

América Latina, el nuevo basurero de plásticos de EEUU - América Latina y el Caribe

Foto.  Decenas de personas separan y recolectan residuos de los incontables camiones que llegan todos los días a El Pueblito, en Baja California, en el noroeste de México. Foto © Fundación GAIA Tijuana